La jueza 55 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá acaba de ordenar que Diego Steve García, sindicado por violación de una menor de 14 años, pueda ingresar a los programas de redención de penas como cualquier otro condenado. La jueza tuteló su derecho a la igualdad, pero dejó abierta la posibilidad de que, si es encontrado responsable, un juez de ejecución de penas pueda contar el trabajo como tiempo cumplido. (Lea también la lucha de una mujer por salvar a una niña de cuatro años del abuso de sus padres)
 

García, de 34 años e investigador de culturas juveniles en Bogotá, fue capturado en mayo del año pasado acusado de haber violado a la niña cuya madre lo denunció porque la habría llevado a un motel. El hombre enfrenta una pena de mínimo 15 años de cárcel.
 

Pero el plan de Augusto Ocampo, abogado de García, es que en caso de que su cliente sea condenado, va a presentar, con tutela en mano, los certificados de trabajo para obligar a que le reduzcan la pena.
 

"Con la tutela se ha ganado terreno en el campo de la igualdad de derechos. Un juez tendrá la obligación de valérselo como tiempo. Si no, no está cumpliendo con el régimen carcelario. ¿Para qué entonces le autorizaron ingresar al programa?", afirmó Ocampo.
 

El abogado añadió que los presos por violación tienen los mismos derechos que sindicados y condenados por otros delitos. "Si en casos de masacres hay beneficios, por qué en los de violación no", señaló Ocampo.
 

Efecto dominó
 

La decisión registró de inmediato un efecto dominó.
 

EL TIEMPO estableció que 95 presos del patio 1A de la cárcel La Modelo, de Bogotá -donde está García junto a otros reclusos por violación-, preparan acciones similares y alistan una demanda ante la Corte Constitucional para tumbar la restricción estipulada en la Ley de Infancia y Adolescencia bajo el argumento de que les viola el derecho de igualdad frente a otros procesados.
 

Incluso, García ya había acudido al tribunal constitucional antes del fallo de tutela; sin embargo, la Corte rechazó la demanda porque no estaba bien formulada y no la presentó de nuevo.
 

En la otra orilla está la senadora Gilma Jiménez, quien manifestó su preocupación por la decisión.
 

"Se está abriendo una compuerta. Pero el Código de Infancia es claro en que ni un imputado ni un condenado puede tener beneficios. Llevaré el caso a la Corte Constitucional", dijo Jiménez.
 

Precisamente ese tribunal constitucional será el que zanje el debate. No solo recibirá la demanda de los presos contra la Ley de Infancia, sino la petición de Gilma Jiménez para que dé vía libre al referendo de cadena perpetua para violadores.
 

'Hay que estar alerta', senadora Gilma Jiménez
 

La senadora Gilma Jiménez afirmó que el fallo de tutela "abre una compuerta" y que "hay que estar alerta sobre el desarrollo de la decisión". También anunció que le pedirá a la Corte Constitucional que la revise para "frenar cualquier intento de burlar el Código de Infancia".
 

La congresista reiteró que la norma es clara en decir que no puede haber ningún tipo de rebajas para violadores o agresores de menores, y que, cuando se enfrentan derechos (en este caso el del preso y el de la niña), siempre están por encima los de la infancia.
 

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